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CONTACTO

A RAS DE CALLE: LECTURAS Y VIVENCIAS DEL 23-F

«Nada de todo aquel suceso del 23 de febrero de 1981 puede entenderse sino con la invocación al impulso soberano, fuera éste real, supuesto o falseado por el general Armada. […] Sólo con la participación del Rey, de la que daban cuenta los dos casi únicos generales a los que podía darse crédito de auténticos monárquicos en aquella hora, puede entenderse lo que sucedió y tal como sucedió. Y ello por mucho que moleste e irrite a quienes han creído que había que defender a la Corona a toda costa». Ricardo Pardo Zancada, comandante condenado a 12 años[1].

«Conozco la iniciativa del PSOE de querer colocar en la presidencia de Gobierno a un militar». Adolfo Suárez, declaración a la prensa en Lima durante la toma de posesión de Belaúnde Terry, julio 1980[2].

«Y quién le vende esta idea a nuestras bases». Enrique Múgica, secretario de Relaciones Políticas de la Ejecutiva Federal del PSOE en 1981[3].

PRELIMINARES

I. UN PERIODO CONVULSO
La pretensión de trazar un repaso sobre el golpe militar de 1981 nos adentra, todavía hoy, en este 2008, en relatos confusos o cuyas explicaciones no alcanzan los mínimos de ilación y coherencia para un lector medianamente exigente. Sin embargo, aun de las interpretaciones divergentes con respecto a este episodio, existe una lógica que explica y da cohesión a lo ocurrido si lo enmarcamos en esta etapa del postfranquismo: la propia tensión que generaba el choque entre las fuerzas que pugnaban por abrir las hormas del viejo régimen y las que se resistían a soltar el menor lastre de la dictadura. Valgan de recordatorio estos rasgos del momento:

a) El Gobierno de UCD era rehén de la amalgama ideológica y de personalismos de su partido y estaba inerte para llevar a cabo sus reformas.

b) Los dos años anteriores, 1979 y 1980, figuran con el macabro récord de asesinatos de ETA: 76 y 92 respectivamente. Y 66 en 1978, su tercera marca anual.

c) La violencia del fascismo militante -la que provenía de elementos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y la de grupos de la ultraderecha política[4]– era sumario corriente en la prensa y noticiarios: lo mismo en huelgas y manifestaciones que en atentados a sedes de organizaciones de izquierda o empresas periodísticas, amén de que todavía era posible morir por torturas en comisaría, como Joseba Arregui (13 de febrero de 1981).

d) Las características del Ejército, con un fuerte peso de los sectores involucionistas, larga historia de asonadas, marcadamente endogámico, una cúspide curtida en la Cruzada y la División Azul y, hasta tiempo reciente, con presencia habitual en el Gobierno de la nación: 37 ministros con Franco y, todavía en 1975, tenía 22 militares en las Cortes, 17 de ellos tenientes generales[5].

e) La crisis económica internacional repercutía especialmente en España -en 1979 se devalúa la peseta un 20%- con enormes consecuencias en la carestía de la vida y el desempleo[6], que siempre son causa para la contestación obrera. Y esto pese al «receso en la conflictividad laboral […] por los planteamientos políticos que han absorbido a los dirigentes sindicales»[7].

f) La perspectiva de cambio, la de ser admitidos en los círculos de poder, hizo que partidos y sindicatos acomodaran sus principios a la par que aplicaban medidas coercitivas contra cualquier forma de radicalidad o discrepancia internas, lo que se tradujo en pasividad social, abstencionismo y numerosas desafiliaciones[8].

g) La tutela de las potencias occidentales -a través de la CIA y la Internacional Socialista, principalmente- para un devenir fuera de incertidumbres y revueltas incontrolables, y para el buen alineamiento internacional y la entrada en la OTAN (en noviembre de 1980 Reagan derrota a Carter).

II. ENIGMAS SIN RESOLVER
Los enormes medios que se dedicaron a montar una versión tranquilizadora y diminuta de la trama golpista y la descomunal exaltación que se fabricó para el héroe regio que nació ese día, no impiden que entre la montaña de tinta y papel que aborda aquellos sucesos se hallen abundantes datos que se oponen a las conclusiones y opiniones preponderantes. Enigmas que abarcan tanto a los preparativos como a la propia narración de los hechos o al número de implicados, bien fueran protagonistas o secundarios. Y todo con un margen tan amplio que, según se busque, según se vea o según se mida, se puede salvar o condenar a buena parte de los sujetos de esta historia. A conveniencia.

De este núcleo controvertido me detengo en cuatro apartados:
1. El papel del rey
Resulta difícil sostener que desconociera o rechazara los preparativos: «Majestad se va a producir un golpe»[9], le dice el general Armada el 13 de enero en la Zarzuela junto al féretro de la reina Federica, madre de Sofía. Antes, en el verano de 1980, el propio militar le eleva un informe proponiéndole, previa moción para sustituir a Suárez, un gobierno de concentración[10]. En noviembre circula profusamente el trabajo del CESID Panorámica de las operaciones en marcha, en el que se detallan hasta tres conspiraciones. Y las reuniones de ambos en las semanas anteriores al 23-F están ampliamente documentadas[11]. Entonces, ¿dónde empiezan y acaban el sentir y los planes comunes con su viejo preceptor, durante dos decenios a su lado? ¿Es inocente el pulso continuado con Adolfo Suárez hasta conseguir su ascenso a la segunda jefatura del Estado mayor del Ejército en vísperas del golpe?

Efectivamente, las acciones y omisiones del monarca, sus palabras y silencios pueden permitir, con mucha fe, encumbrarlo a los altares -gracias a la enorme perspicacia de su secretario general, Sabino Fernández Campo, artífice primero de tal aureola-, pero igualmente permiten su condena por cooperación necesaria y confabulación sediciosa: siempre si sorteamos el férreo blindaje a las críticas que se ha conjurado alrededor de su persona y el sometimiento y la capacidad de simulación del grueso de los políticos y medios de información. Pero hay una síntesis incuestionable: para un sinfín de analistas y para buena parte del pueblo soberano él es el principal beneficiario del asalto al Congreso. Porque se asentó la monarquía y pasó de sucesor del Caudillo a motor de la democracia[12].

2. La dimensión golpista
¿Eran muchos o sólo aquella treintena que pagaron pena? «Desde el principio se dio la orden de implicar a cuantos menos mejor, pero el nuevo ministro de Defensa, Alberto Oliart, reconoció más tarde que la lista de imputados hubiera podido ascender a más de tres o cuatro mil»[13]. El teniente coronel Javier Fernández López, que fue profesor de Derecho Constitucional en nuestra universidad y ahora delegado del Gobierno en Aragón es un estudioso de la milicia con abundantes publicaciones. Condicionado o no por su cargo y filiación, y por encima del trabajo minucioso y las contradicciones, nos viene manifestando en sus obras una visión subordinada al orden y clisés establecidos[14]. Nos dice: «las intentonas descubiertas años después, como la del 27 de octubre de 1982, o las del 31 de mayo de 1985, pueden hacernos pensar que medio Ejército estaba invadido por ideas golpistas. La tesis que yo defiendo es justamente la contraria. […] Se trata de un número muy reducido». Y, aunque a renglón seguido cita a varios generales y otros mandos que deberían haberse sentado en el banquillo, acaba haciendo suya la sentencia de Paul Preston: «El golpe de Estado lo pararon el Rey y los militares»[15]. Reiteración de su libro anterior en el que aún va mas lejos: «el golpe de Estado fracasó porque no lo apoyaron los militares […] pero de haber triunfado […] Mi convencimiento personal es que hubiese habido una guerra civil»[16]. Nada menos. ¿También en el caso de que Tejero hubiese aceptado como salida la Operación De Gaulle[17], incluida la supuesta lista de ministros con González de vicepresidente? Por el contrario, el Capitán General de Madrid, Quintana Lacacci, opina que la disposición en las salas de banderas era otra y así dejó consignadas sus impresiones en un documento manuscrito que se conserva en el archivo familiar: si las fuerzas de la I Región salían a la calle, «Todas las demás regiones se hubieran unido por este orden 5ª, 7ª, 8ª, 4ª, 2ª, 9ª; Baleares de las primeras y luego Canarias»[18]. Más cercano a nosotros, el general Pinilla, director de la Academia General Militar (AGM), declaraba a Heraldo de Aragón en una entrevista de Genoveva Crespo: «Sólo la décima parte de la Academia estaba en contra del golpe»[19]. Resultado: fueron condenados 32. Ninguno del CESID, sin cuya implicación y cobertura bien poco hubiese sido posible.

3. Las prisas y atajos del PSOE
A la entrada de la democracia el partido de los socialistas acusaba todavía inexperiencia y flaqueza. De ser un grupo con escasa implantación y ausente prácticamente de la lucha clandestina, se transforma en una organización de aluvión con una potente maquinaria y fuerte respaldo exterior. Esa transformación no se produce sin adentrarse más de una vez y de dos en el fango que propicia la actividad política. Por ejemplo: desde el ofrecimiento de delación que recoge el informe desclasificado de la embajada americana, en pleno franquismo, de personas «susceptibles de sumarse a combatir al Partido Comunista»[20] a los favores del CESED -el servicio de información creado por Carrero Blanco- que en colaboración con la CIA facilita la entronización de Felipe González en Suresnes[21]; desde la copiosa financiación por fundaciones y medios bajo sospecha a las presiones para obtener ventaja retardando la legalización del PCE[22].

En febrero de 1996, Felipe González pide el indulto para Tejero y quizá no esperaba la respuesta inmediata del ex presidente Calvo Sotelo: «Múgica y Raventós, en Lérida, ofrecieron al general Armada la presidencia del gobierno, en un golpe que se llamaba blando o institucional»[23].  Nadie le replicó. Y es que el hostigamiento del PSOE al Gobierno de Suárez y sus alianzas para no quedar marginado en la operación sucesoria del presidente están pendientes de aclaración y sinceridad. Véase: el mismo González, el 7 de noviembre de 1980 durante la presentación de un libro de Gregorio Morán, contraviene las resoluciones del Comité Federal y «vaticina la formación, en breve plazo, de una nueva mayoría parlamentaria con inclusión de los socialistas»[24]. Múgica, considerado por aquel tiempo tercero en la jerarquía orgánica, declaró ante el instructor y los abogados del Juicio de Campamento que elaboró un informe de la comida con Armada «y lo rindió a su secretario general»[25] porque «no era una tarea estrictamente personal». Ese informe lo solicitó el entonces ministro de Defensa Rodríguez Sahagún y nunca le llegó. De igual manera, en 1991 lo demandan dos periodistas de El País, Prieto y Barbería, para su libro y la Oficina de Prensa socialista les responde que «no se conserva». Con posterioridad a esa tan traída y llevada sobremesa de Lérida -realizada exactamente cuatro días más tarde de que González hablase de la posibilidad de un gobierno de salvación nacional al Comité Federal, y referida luego por varios de sus miembros[26]-, la fórmula «coalición parlamentaria más un general» fue utilizada por la dirección del PSOE en encuentros con otros políticos[27].

4. El gobierno de Armada
¿Existió o es fabulación? Transcurrido tanto tiempo cobra verosimilitud por la perseverancia de los testigos -uno de los principales, la doctora Echave, ajeno al golpismo-, la coincidencia en los detalles de los relatores y las nuevas revelaciones. Tejero, que se había ilusionado con un golpe contra el sistema, se encuentra con que la propuesta de Armada nada tiene que ver con una Junta Militar. Y la rechaza de plano. Extremo que ratifica el juez instructor del consejo de guerra en sus memorias: «¿Gobierno con socialistas?¿Y para eso he ocupado yo el Congreso?»[28]. Los encausados citaron los nombres de ese hipotético gabinete y constan en el sumario, aunque en esos momentos interesadamente apenas si tuvieron eco. Pasados los años es Carmen Echave, militante de UCD que colaboraba en el gabinete del vicepresidente del Congreso Modesto Fraile, quien divulga la comprometedora nómina[29], conseguida gracias a su otra condición de médica y la privilegiada movilidad que tuvo para prestar asistencia a sus señorías secuestradas: dos militares, en Interior el general Saavedra y Sáenz de Santamaría en Autonomías y Regiones; por la derecha: Areilza, Fraga, Ansón, Cabanillas y Herrero de Miñón; por los socialistas: González, Múgica, Peces Barba y Solana; comunistas Tamames y Solé Tura. Y otros hasta 19 miembros. Listado que anotó en su agenda y  cuya exactitud aseguró al contrastarlo esa noche con uno de los oficiales de la guardia civil. Tiempo más tarde, justificará su tardanza en sacarlo a la luz porque Rosón, ministro de Interior, le recomendó «que fuera muy prudente»[30].

LA ZARAGOZA DE ESE TIEMPO

I. LA ANTESALA DE 1981

Por aquel entonces, yo vivía con mi compañera Pilar Sanz Mayandía en la calle Burgos, en un barrio sin apelativo que tímidamente quiso llamarse de Salamanca por su vía central en la que estaba el ambulatorio, el economato y el cine del mismo nombre: como aquellos Roxy, Monumental, Norte, Torrero, Delicias, Victoria, Dux, Venecia y Latino, de cuando veíamos las películas en la puerta de casa. De un lado, encajonado entre la calle Santander, el foso de las vías del tren que salen del Portillo y la avenida Valencia y, por el oeste, fronterizo con Delicias en una linde desdibujada, entre García Sánchez y Franco y López, repleta de callejas en tierra de nadie y de una inmisericorde uniformidad. Aquel piso del número 22 estaba gafado porque, poco antes de que yo me trasladase allí, una noche de marzo de 1975 la policía lo desalojó llevándose a sus dos inquilinos, a Pilar y su hermano Goyo, que acabaron en prisión: asociación ilícita. Y requisaron una máquina de escribir recién comprada al calificarla, con la lógica del oficio, de material subversivo. Conocido el camino por la Brigada Político-Social no tardamos en tener otra visita: justo la tarde del 28 de enero de 1977, cuando Pilar y yo nos disponíamos a acudir a la iglesia de San Felipe, al funeral organizado por el Colegio de Abogados en memoria de los laboralistas de CCOO asesinados en la calle Atocha de Madrid, tres secretas nos invitan a pasar el puente de San Valero en la Jefatura Superior del paseo María Agustín, 34. Allí cumplimos las 72 horas, máximo legal de retención en comisaría antes de pasar al juzgado, sin ninguna acusación nueva: apenas se había cumplido un mes desde mi salida de la cárcel y se trataba de una detención preventiva[31], práctica frecuente en esos años ante ciertos acontecimientos, como por ejemplo la visita del Generalísimo a una ciudad, un estallido de huelgas o las protestas clandestinas por el 1º de Mayo (con posterioridad, he sabido que las acciones preventivas pueden desarrollarse a escala, como en la reciente guerra de Iraq).

Si, como digo, el ambiente de España entera ya estaba caldeado, mi estancia en el calabozo vino a coincidir con otra barbaridad. Al día siguiente, en Madrid, un comando del GRAPO fue acribillando a balazos a todos los uniformes que encontró a su paso, resultado: dos policías armadas y un guardia civil muertos y tres agentes más heridos de suma gravedad. Comprendo, hoy mejor que ayer, que cuando el dolor y la muerte nos cerca no hay hueco para las buenas caras y la delicadeza. Total: uno de los grises[32], por su cuenta, debió entender que los criminales eran colegas míos y se cebó a codazos con mis costillas y a zapatazos con mis escuálidas nalgas de entonces, me quitaron el abrigo, me negaron las mantas y tuve que acurrucarme, abrazado por mis propios brazos, para pasar aquellas noches de un enero de los de antes en el desnudo banco de cemento. La tensión que se vivía lo reflejan el gesto y las palabras del guardia que bajó a mi celda para esposarme antes de subir al furgón celular: «mira, la tengo cargada y al menor movimiento extraño te meto el cargador en la cabeza».

Este anecdotario que cuento me tocó vivirlo más o menos de cerca en tanto que integrante del Movimiento Comunista de Aragón (MCA). Acontecimientos, por tanto, que aun de la posible dimensión externa, su realce se circunscribe casi enteramente a los corrillos de mi alrededor.

Este siguiente semeja una obra de enredo a múltiples bandas. En la mañana del 21 de septiembre de 1980 la ciudad amanece con abundantes pintadas de nuestra organización contra la visita de Blas Piñar, líder de la pro fascista Fuerza Nueva (FN). Varias semanas más tarde, un grupo de conocidos militantes de este partido presentan una denuncia en la que afirman haber visto realizarlas a nuestro compañero Ricardo Berdié. Poco importó su evidente falsedad: que pudiera estar con el espray en varios lugares a la vez. Lo procesan. Y casi simultáneamente los empresarios del taxi inician protestas contra el acuerdo municipal de incrementar el número de licencias[33]. El 17 de enero se plantan en huelga y viene Jaime Alonso, jefe nacional de Fuerza Nacional del Trabajo -el sindicato de FN-, a dar asesoramiento y candela. Y como algo natural, ¡qué tiempos!, el alcalde Sainz de Varanda propone a la Federación de Barrios la defensa coordinada de los intereses ciudadanos.

Así, una representación vecinal -Ricardo, como responsable de la federación y varios presidentes de asociaciones: Ramón Magaña, de Torrero; José Vicente Baquedano, de Las fuentes y José Luis Cebollada, de La Almozara- acepta la invitación para acudir el 24 de enero de 1981 a la asamblea de taxistas en el colegio de las salesianas: por el ambiente hostil y las amenazas de varios sindicalistas ultras tuvieron que salir protegidos por el presidente gremial y varios asistentes. Se presenta denuncia al día siguiente, 25 de enero. Y quiso la casualidad que veinticuatro horas más tarde, el 26, el magistrado Julio Boned Sopena, titular del Juzgado de Instrucción nº 3 y conocido por sus ideas conservadoras, dictara el ingreso en prisión de Berdié por las pintadas de septiembre. Su defensor, Pascual Aguelo, recusa al juez Boned -«puede tener interés indirecto […] dadas las posibles relaciones ideológicas que le vinculan con la acusación privada […] y la pertinaz presencia de un cuadro de Franco en su despacho oficial» que logró tuviera que retirar- y con el profesor de Derecho y secretario del MCA, José Ignacio Lacasta, llevan las irregularidades hasta el propio ministro y al Tribunal de Estrasburgo, además de impulsar un movimiento de solidaridad. Once abogados firman un documento «contra el rigor judicial» y son encausados por desacato[34]. Semanas después la gente de San José recogería el monto de la fianza[35].

Retrocedo un poco. El 12 de diciembre, a nuestro concejal de Calatayud, José María Cebrián, el gobernador Javier Minondo le aplica calentita la Ley Orgánica 11/1980, conocida como ley antiterrorista, que justo justo se había aprobado el día primero de ese mismo mes y facultaba para suspender los derechos fundamentales de las personas «presuntamente integradas o relacionadas bien con elementos terroristas, bien con bandas armadas»: le achacan apología del terrorismo por abstenerse en una votación de condena a un atentado, pese a que Cebrián manifestó su rechazo, pero añadiendo que no quería callar el doble rasero de su ayuntamiento cuando «ha dejado pasar hechos violentos, igualmente condenables, realizados por organizaciones de ultraderecha» -así figura en el acta del pleno- y sin un debate sobre las razones que provocan la violencia en la sociedad[36]. La Guardia Civil lo saca de su casa y, sin orden judicial, se lo traen al Centro Penitenciario hasta que al tercer día el juez instructor de la Audiencia Nacional ordena su libertad.

Así estaba el patio.

II. MISCELÁNEA EN TORNO AL DÍA SEÑALADO
¿Cómo respondió Zaragoza el 23-F? Pues, cumpliendo exactamente con el tópico de que reflejamos la media nacional: como el resto de España. El profesor Maurice Duverger describía así el escenario madrileño de esa noche: «La calle parecía más bien tomada por los fascistas que por sus adversarios. Sin duda los ministros y jefes políticos se encontraban secuestrados, pero los partidos políticos y los sindicatos deben disponer de aparatos dirigentes capaces de tomar decisiones en una eventualidad semejante»[37]. En términos parecidos se dirige Santiago Carrillo al Comité Central del PCE: «en el curso de esa noche no hubo, no se produjo, nada parecido a la respuesta que en épocas lejanas tuvo otro golpe militar»[38].

Ya se sabe: pese a los avisos y pistas que los involucrados en la sublevación fueron dando -con la Operación Galaxia, los desaires a Gutiérrez Mellado o al mismo Suárez, las pautas inequívocas del colectivo Almendros, seudónimo de un grupo de militares y punta de lanza del involucionismo, que publica en su diario El Alcázar (1939-1988), y tantos signos más-, y aun de la larga advertencia desde la izquierda de este peligro, el tejerazo nos pilló de sorpresa. A muchos, en la vorágine de actividad en que nos envolvía el espejismo de la revolución.

Pero vayamos por partes. De aquellos aconteceres está escrito casi todo, salvo los que con intención continúan en el misterio. La propuesta de rememorar se agradece si su demanda tiene nuevos destinatarios, si no hay exceso en la repetición, si se plantea un nuevo enfoque para el análisis o si sirve para incorporar los detalles menudos de la gente que los vivió, con sus convicciones y miedos. Para lo que pueda valer, he reunido aquí algunos retazos de lo que he leído, parte de mis recuerdos y testimonios de amigos. Los agruparé en dos bloques diferenciados: las instituciones y la calle.

UNO. LAS INSTITUCIONES
a) La Diputación General de Aragón
Nuestro historiador Eloy Fernández Clemente escribe: «Desde el gobierno preautonómico, Biel, M. Pizarro y Esponera elaboraron también un comunicado «en defensa de las libertades democráticas y de la España de las Autonomías»»[39]. El presidente, Juan Antonio Bolea Foradada, según declaró a posteriori, se fue a su casa «porque entonces era la preautonomía y los despachos que tenían eran de prestado»[40]. Y bien pudo referirse a su persona el gobernador Minondo al expresar que algunos políticos «desaparecieron de escena». Porque el periodista José Luis Gutiérrez, en un libro colectivo, afirma: «Tras ordenar a todos sus subordinados que permanecieran reunidos, él desapareció, no sin antes ponerse a las órdenes de la autoridad militar. Bolea sería forzado, indirecta pero fulminantemente, a dimitir de su cargo pocos días más tarde»[41]. Sin embargo, Fernández Clemente señala otra motivación: «El efecto «moderador» del golpe del 23 F sobre el proceso autonómico es inmediato en la Mesa de partidos, que cierra el Proyecto de Estatuto. Bolea, en desacuerdo, anuncia el 9 de marzo su dimisión irrevocable; le acompañan los consejeros de UCD Ballarín, Biel, Moreno, Tisaire, Gimeno y Fábregas»[42].

b) Capitanía General y la Academia General Militar
El capitán general era Antonio Elícegui Prieto, de relación estrecha con Milans del Bosch. Pasada la resaca, el calificativo que dieron otras autoridades, como el alcalde, a su disposición durante las primeras horas fue de «nada reconfortante». Hubo muestras de actos sospechosa o abiertamente pro golpistas: «En Capitanía, los oficiales de Estado Mayor de la Acorazada se mezclaban con los de Estado Mayor de la V Región. A partir de entonces, las autoridades civiles detectaron un claro intento por parte del Estado Mayor de la DAC de controlar la ciudad»[43]. Del mismo modo, la indicación al gobernador para que se presentara en Capitanía -rechazada por éste previa consulta a Francisco Laína, el titular anterior de su mismo cargo y promocionado a director de la Seguridad del Estado- se entendió como un intento de intimidación o sometimiento, y la orden para el acuartelamiento de las tropas, y los propios movimientos de éstas para salir a la calle en San Gregorio, la Academia y Valdespartera, en este último recinto por unidades del Ejército «despistadas», un eufemismo ocurrente de Minondo. Otra prueba de cómo se respiraba en la plaza Aragón la constituye la presencia permanente al lado de Elícegui de su edecán, el teniente coronel Juan Vicente Grande, implicado en la trama postrera del 27 de octubre de 1982. Pero es Quintana Lacacci quien, en el documento privado citado líneas arriba, lo retrata mejor: «No hizo más que llamarme para ver qué iba a hacer yo, «porque algo habría que hacer»».

Si de la Academia no bajó la catástrofe fue gracias a su director, el general Luis Pinilla Soliveres. Hombre bueno e ilustrado, activista cristiano, miembro del Seminario de Investigación para la Paz e inspirador de la Unión Militar Democrática (UMD)[44]. La edición del número especial de Heraldo de Aragón Diez años después, condensa en uno de los titulares lo que vivió: «Aunque con serenidad, temí que quisieran quitarme de en medio». Conocidos sus ideales y trayectoria, tenía de contrapeso al jefe de Estudios, el coronel Hipólito Fernández-Palacio, proveniente de la Legión,  que «ya había movido sus peones por si había que «neutralizar» al general» y sin disimulo llegó a manifestar su propósito a un grupo de oficiales: «Esto parece que está bastante tranquilo, pero si se complica la situación, aquí ya sabéis todos quien manda, está claro, ¿no?»[45]. Además, en la entrevista del rotativo citado, asegura que temió que la División Acorazada Brunete (DAC) -con dos batallones de maniobras en el Campo de San Gregorio- entrara con sus carros en la Academia «porque eran más bien pro golpe».

El día 24, una vez que los asaltantes habían sido arrestados, el director de la AGM llamó al caballero cadete  Antonio Tejero Díaz, de 21 años. Y un cronista militar reproducirá tardíamente este diálogo:

«-Me supongo que estarás enterado de cuanto ha pasado en el Congreso y que tu padre se encuentra arrestado.

-Sí, mi general.

-Bueno, pues yo en este momento separo la actuación profesional del teniente coronel del afecto que debes tenerle.

Ante su silencio, el general continuó:

-En uso de mis atribuciones, tienes concedido permiso. Vete a dar un abrazo a tu padre, que seguro lo necesitará.

-Muchas gracias mi general»[46].

Luis Pinilla, además de lo dicho, ocupó sitio en las listas negras de los servicios de información y tuvo el teléfono intervenido largas temporadas, colaboró con los comunistas -y con cuantos se encontraba en su trabajo social- y en 1982, cuando iba a ascender a teniente general, abandonó el ejército. Se volvió al Pozo del Tío Raimundo, un barrio marginal, a ejercer el apostolado seglar. Murió en 2004 y tiene una calle entre la carretera de Huesca y el Camino de los Molinos.

c) El Ayuntamiento
Quiso el destino que esa tarde, a las siete (el asalto fue sobre las seis y veinticinco), coincidiese la inauguración en la Lonja de una exposición itinerante sobre la Guerra Civil y también quiso que uno de los primeros objetos de admiración para el visitante fuera el bando, enmarcado, con el que Franco inició el Alzamiento. Muy acorde. Solo aliviado por la comprensible ausencia de las autoridades militares. Claro, sobraron buena parte de los canapés que había preparado el Consistorio para el evento.

Acabada la recepción, el alcalde y los concejales del PSOE, PCE y PTA, prácticamente en su totalidad, deciden quedarse dentro y allí permanecen toda la noche. Según los testigos del encierro, y por la asistencia al pleno extraordinario del día siguiente a la una, resulta inexacta la frase del teniente coronel y entonces Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, José Enrique Alonso del Barrio cuando afirma: «Algunos concejales hacía tiempo que habían salido con dirección a la frontera». De ser cierto, ¿sería un temor infundado? Dudo, en efecto, del significado que quiere darle el autor a la frase, pero viniendo de esa pluma no puedo evitar que me suene con retintín[47]. Aunque más inapropiada fue la majadería de un representante del PAR a Sainz de Varanda: «la gente de bien no tenemos nada que temer»[48]. El regidor, según Javier Ortega en su crónica local de la Transición, comunicó a los de su confianza: «Me han ofrecido un avión en la base para salir si las cosas se ponen feas. Sabed que no me moveré de aquí»[49]. Igualmente, agradeció al MCA su oferta de sumarse a la actitud de resistencia testimonial de los munícipes «porque si triunfa el golpe hará falta gente afuera».

Genoveva Crespo resumía en el suplemento mencionado: «el alcalde y los concejales de la izquierda se convirtieron así, junto con el Gobierno Civil, en las únicas instancias no militares que tuvieron los despachos abiertos esa noche»[50].

DOS. LA CALLE Y LA GENTE
Esa tarde había un reparto de hojas, junto a la Diputación, contra la investidura de Calvo Sotelo. Uno de los voluntarios era Víctor Herráiz, hoy controlador en la Inspección de Trabajo, y cuando le entregaba la octavilla a un tranviario -nos costó cambiar la denominación, quizá, porque nuestra ciudad, aunque perdió los tranvías en 1976, fue el último bastión de este medio de transporte en España-, el hombre, con una radio de pilas en el oído, le dijo al grupo: cuidado, chavales, yo que vosotros me marcharía a casa, ¿no sabéis lo del Congreso? Y aquellos modestos aparatos cumplieron tal función que le pusieron nombre a la jornada: la noche de los transistores.

Los colectivos y organizaciones, de sopetón, cambiaron el orden del día de su tarea ordinaria por dos necesidades urgentes: primera, para la limpieza de direcciones, salvar las fichas de afiliación y poner a buen recaudo la mayor documentación posible y segunda, para la búsqueda de escondite. La prensa cifró en unos 1.500 los zaragozanos que pernoctaron fuera de sus domicilios. Y, por lo general, fue sencillo encontrar acogida en las cercanías de donde se movía cada uno, aunque también el riesgo de dar cobijo a alguien señalado atenazara voluntades. Estos refugios dieron su juego[51]. ¿No es imaginable el aura de conquista que se le pone a un veinteañero que llega con vitola de rebelde a un piso de estudiantes? También se podía entender que, pasado el peligro, hubiera quien remoloneara con la devolución de las llaves prestadas para prolongarse un reservado amatorio.

Se suspendieron actividades y hubo cambio de planes sobre la marcha, pero multitud de personas tenían la agenda cerrada con antelación y, como los primeros motorolas aún no existían ni en USA, el cumplimiento de muchos compromisos se hizo ineludible. Como ocurrió con la reunión de la junta fundacional del periódico El Día de Aragón (1982-1992), proyecto que nacía respaldado por un amplio abanico político. A ella, como compromisario de un grupo de profesionales ligados al MCA, acudió José Antonio Fatás y, en contraste con el vacío que empezaba a apoderarse de las calles, se juntaron alrededor de cuarenta personas. Allí, fruto tal vez de lo enrarecido de la situación, Buenaventura Ferrer Masip, pediatra, hombre de UCD que había sido director provincial del Insalud, se descuelga con que sus acciones no son compatibles con las que representa socialmente el cirujano Fatás. Emilio Parra Gerona, hijo del empresario que se marchó a las misiones, se opone a cualquier exclusión y tras un tira y afloja se vota: aunque por poco, gana la opción de que se admitan todas las titularidades. Sin embargo, el efecto de la cuartelada ya había penetrado en la sociedad; al poco, uno de los hombres fuertes del proyecto y que luego, ya iniciada la andadura, llegaría a director de la nueva cabecera, Pablo Larrañeta, comunicaba el ultimátum recibido: o la pasta de UCD o la del MCA. Y no había color.

Pese a que en febrero cae temprana la noche y el frío empuja a recogerse antes, había un trajín inusual en determinados puntos. No sólo en las sedes de las organizaciones. En Gran Vía 36, un local diminuto albergaba un quiosco de prensa de los mismos propietarios que el antiguo del cine Coliseo. En boca de muchos clientes recibía, no sin sorna crítica, el sobrenombre de La Comuna, probablemente por las evidencias que mostraban los menestrales que lo atendían. Uno era Chema Pérez Rabinal, ácrata de raíz y actual bibliotecario de la universidad que me cuenta: «teníamos un cartel que anunciaba «Aquí se vende Egin y Punto y Hora», los dos nombres con su logotipo. Yo vivía con unos amigos en la calle Dato, a la vuelta de la esquina, y nada más que en casa oyeron la radio, bajaron y rápidamente quitamos el letrero, echamos la persiana y nos pasamos a escuchar el transistor que tenía la lotera en el espacio contiguo: ya sólo emitían música clásica». Los días siguientes, empaquetó una decena de cajas con las publicaciones que trataban la noticia y las facturó al Instituto Internacional de Historia Social (IISG), en Ámsterdam. Su aportación está reseñada en: http://www.iisg.nl/archives/en/files/p/10766170.php

Muy pronto desaparecieron de la ciudad los peatones y apenas circulaban coches. Aunque se improvisó una forma de contacto entre los partidos, reinaba el desconcierto. El Comité Regional del PCE, según uno de sus cuadros históricos, Jesús Mari Garrido, decidió arrostrar el contratiempo reunido en un lugar desconocido para los eslabones inferiores, el bar de uno de los suyos próximo al colegio de Santo Domingo de Silos -notorio por el conflicto que, dieciséis meses antes, había desatado su director, el clérigo Matute, al expulsar a docena y media de chavales de enseñanza media por su desapego religioso- mientras lo más comprometido de su archivo quedaba camuflado en una furgoneta. El MCA puso citas de seguridad diarias según su estructura de células y se coordinó con un grupo de fuerzas afines: Liga Comunista Revolucionaria (LCR), Confederación de Sindicatos Unitarios de Trabajadores (CSUT) y Confederación Nacional del Trabajo en Aragón (CNT-A). Los cuatro, cuatro porque las dificultades del momento justificaron algún descuelgue, acordaron esa noche lanzar una octavilla pocas horas después, ya madrugada del 24, editada simultáneamente con las respectivas multicopistas, y convocar una «concentración masiva» -masiva, por supuesto: típico tic de la agitprog (agitación y propaganda) al uso y muestra del fervor militante que anteponía nuestro deseo a la realidad- a las 19,15 en la Plaza España. Como estaba tomada por la policía, a cambio se hizo un salto que, convocado boca a boca, consistía en irrumpir repentinamente en un punto o cruce estratégico colapsando el tráfico: fue en el tramo intermedio del Coso, entre San Gil y San Miguel. Sin pensárselo dos veces el gobernador Minondo nos impuso sendas multas de medio millón de pesetas a los firmantes del llamamiento.

La manifestación de verdad fue el 27. Un llamamiento que habían cerrado para toda España UCD, Alianza Popular (AP) -antecedente del PP-, PSOE, PCE, CCOO y UGT. Esa heterogeneidad de padrinos tuvo una intensa contestación desde las filas más a la izquierda, entonces con un predicamento estimable. No se comprendía esa conformidad, la de salir del brazo a una protesta con quienes habían favorecido, por connivencia o pasividad, su origen y causa. La demanda de castigo a los culpables y depuración de golpistas hizo imposible un solo cortejo y partió en dos la manifestación: delante los convocantes, y separados por unos pocos metros iban el resto de partidos que aireaban en consignas esas exigencias, bloque al que se había sumado la Asamblea de Distrito de la Universidad. Como la respuesta ciudadana fue muy numerosa -y muy diverso su recuento[52]-, el gentío se iba colocando conforme llegaba y muchos, muchos, muchos ajenos a los matices ideológicos de tal agrupamiento. El sectarismo sin fronteras que padecíamos hizo de las suyas, unos por dejar sentado el hegemonismo y su condición de guardianes del mandamiento sagrado de repliegue y consenso con la derecha y otros por la ley de la propia significación izquierdista de pedirlo todo en todo momento. El caso es que el servicio de orden, a cargo del PCE -con lo más granado de CCOO que, en un congreso reciente, se había aupado a la dirección del partido-, colocó un vehículo en el escasísimo espacio de en medio y enchufó a todo volumen la megafonía para repetir la letanía de que «la manifestación legal acaba donde va este coche, la de atrás es ilegal». No habíamos avanzado ni doscientos metros desde la salida, en el cine Elíseos, y la carga de la policía fue antológica, por supuesto, contra los señalados como «ilegales». Peor: el servicio de orden formó una barrera para impedirnos la huida de los porrazos. Hubo cruce de escritos recriminatorios entre PCE y MCA, pero las consecuencias se desviaron a la sucursal. CCOO nos abre un expediente a los tres díscolos que ocupábamos puestos de dirección, Pilar Sanz y yo en la Ejecutiva Regional y Concha Rodríguez Saiz en la Provincial: habíamos vulnerado los fines y el objetivo «que era conseguir una gran manifestación unitaria.» Nos aplican un procedimiento sumarísimo y en seis días somos condenados a un año de inhabilitación para ocupar cargos de dirección en cualquier órgano[53]. Era otra muestra de cómo trascendía silente el efecto golpista en el interior del tejido social. Y más: sin que hubiera pasado un semestre, en septiembre, era expulsado Ernesto Martín Daga, dirigente del metal -veinticinco años de peón en Alumalsa y hoy bregado hombre de leyes con despacho propio-, por mostrar su desacuerdo con el Acuerdo Nacional de Empleo en una asamblea de delegados de su rama. Inmediatamente detrás iríamos otros 150 afiliados que protestamos en solidaridad, buena parte cuadros sindicales de las federaciones o de las secciones de empresa.

No faltó una tétrica apostilla final a estos episodios: las listas negras. Cuando, paso a paso, se fue recuperando el pulso de una normalidad ya apocada, se supo que habían circulado en diferentes lugares, incluso en pueblos -que, por su tamaño, es motivo de mayor gravedad-, relaciones de personas a las que se tenía que «neutralizar». En su caso particular, el general Pinilla remite a los servicios de información creados por Carrero Blanco y otras -se afirmó que en alguna estaba hasta el dibujante de cómic Carlos Giménez-, aunque de origen incierto, al menos hay certificación de que existieron, como atestigua el profesor Eloy Fernández Clemente. El semanario Sábado Gráfico (1956-1983) publicó una en la que, entre otros líderes políticos, sindicales y sociales  figuraba el ramillete de intelectuales ligados  a Andalán (1972-1987) y al socialismo aragonesista: el propio Eloy, Gonzalo Borrás, Guillermo Fatás, José Antonio Labordeta, y los hermanos Emilio y Enrique Gastón, este último antiguo secretario regional del PCE.

Si cada momento es acreedor de su tiempo precedente, sin duda este presente nuestro se conformó en estos hechos que hemos repasado. Todavía con sus misterios. Y la deuda pendiente de desentrañarlos[54].

Joaquín Bozal Macaya


[1] Ricardo Pardo Zancada: Las dos caras del golpe, Barcelona, Áltera, 2006, p. 303.

[2] Pilar Urbano: Con la venia… yo indagué el 23-F, Barcelona, Argos-Vergara, 1982, p. 31.

José Luis Morales y Juan Celada: La alternativa militar, Madrid, Revolución, 1981, p. 123.

[3] Ricardo Cid Cañaveral y otros: Todos al suelo, Madrid, Punto crítico, 1981, p. 191.

[4] Atentados con resultado de muerte o heridos: 172 sólo en 1976. (Nicolás Sartorius y Alberto Sabio: El final de la dictadura, Ediciones temas de hoy, Madrid, 2007, p. 383).

Muertos en el País Vasco por la represión durante 1975-80: 127. (Miguel Castells: Radiografía de un modelo represivo, San Sebastián, Ediciones Vascas, 1982).

Más. Entre 1979 y 1980 cuatro sedes del MC sufrieron ataques por comandos incontrolados, como se les llamaba de forma artera para justificar la inhibición: volaron la de Madrid, quemaron la de Gijón, pusieron unos petardos en la de Zaragoza y el incendió provocado en la de Valladolid se cobró además la vida de dos vecinos. (Archivo del MCA).

[5] José Luis Morales y Juan Celada: La alternativa militar, Madrid, Revolución, 1981, p. 27.

[6] Datos OCDE: En 1977 la tasa de paro española era del 5,2%, similar a la del conjunto de la OCDE. Pero mientras que en ésta sube hasta el 6,3% en 1980 y al 7,5% en 1981, en España escala casi el doble, al 11.5% y al 14.1% respectivamente. Este aumento supone pasar de 689 000 parados en 1977 a 1 500 000 tres años después y 1 900 000 en 1981. El crecimiento de los precios también es espectacular y alcanza su cénit en el 24,5% de 1977.

[7] Nicolás Sartorius y Alberto Sabio: El final de la dictadura, Madrid, Temas de hoy, 2007, p. 135.

[8] Desafiliación política: en PSOE y PCE superior al 50% entre 1977 y 1980. (Joan E. Garcés: Soberanos e intervenidos, Madrid, Siglo XXI, 1996, p. 205).

Desafiliación sindical: CCOO, según su archivo histórico, tenía 1.840.907 afiliados en junio de 1978 y 778.474 en 1981. UGT 1.710.600 en junio de 1978 y 660.000 en 1985. (Nicolás Sartorius y Alberto Sabio, obra citada, p. 130).

[9] Jesús Palacios: 23-F: El golpe del CESID, Barcelona, Planeta, 2001, p. 339.

[10] Sabino Fernández Campo en declaraciones a El Mundo, 22.II. 2001

[11] Javier Fernández López: El rey y otros militares, Madrid, Trotta, 1998, p. 192. Y también: Diecisiete horas y media. El enigma del golpe, Madrid, Taurus, 2000, p. 209.

[12] Una opinión al respecto: «Nadie ha interpuesto acciones legales contra el amigo Jesús Cacho por El negocio de la libertad, que describe minuciosamente episodios de la Corona que, normalmente, debieran haber conllevado la abdicación o inhabilitación del monarca […] testigos de primera mano, no precisamente hostiles a la Monarquía, insisten en el inquietante papel del rey desde los inicios del proceso que culmina en el «tejerazo». Tanto el coronel Juan Alberto Perote como el coronel Martínez Inglés han escrito testimonios exhaustivos, de enorme credibilidad». (Joaquín Navarro Esteban: 25 años sin Constitución, Madrid, Foca, 2003, p. 115).

Otra: «…lo que reviste de máxima gravedad el asunto es que el monarca se valió en esta ocasión de su condición de rey y, sobre todo, de su cargo de jefe supremo de las Fuerzas Armadas para intentar salvar su corona como fuera, recabando la ayuda de sus fieles, de sus militares de palacio, de los servicios secretos del Estado, de la cúpula militar […] para luego abandonar a los más comprometidos, a los que se la habían jugado por su señor, a su suerte». (Entrevista al coronel Amadeo Martínez Inglés realizada por Juan E. Sanchis en 1997 para la edición valenciana de El Mundo que, al igual que otros medios, rehusó publicarla. Recuperada por el autor para Periodista digital, aparecida el 26 de julio de 2006). [consulta: 22 de marzo de 2008].

[13] Martín Prieto: Técnica de un golpe de Estado: el juicio del 23-F, Barcelona, Grijalbo, 1982.

[14] Fiel notario de las tesis de Sabino Fernández Campo -ex Jefe de la Casa de Su Majestad el Rey y prologuista de su libro El Rey y otros militares– y autor de una biografía suya, tiene un empeño declarado en defender lo que para él son tres verdades, pese a que las interpretaciones de ciertos hechos las cuestionan: la ejemplaridad del rey, el proceder limpio del PSOE y la reducida dimensión del golpismo entre los de su profesión (entrevista a Javier Fernández por Patricia Sanz en Terra.es: articulo/html/act15495.htm, 15 de diciembre de 2000). [consulta: 27 de marzo de 2008].

[15] Javier Fernández López: Diecisiete horas y media. El enigma del 23-F, Madrid, Taurus, 2000, p. 265 y 266.

[16] Javier Fernández López: El rey y otros militares, Madrid, Trotta, 1998, p. 263.

[17] La Operación Armada o también llamada Operación De Gaulle, tomó ese nombre por la similitud con la que en mayo de 1958, y por medio de la acción de un grupo de jefes militares, colocó a este general al frente de Francia en plena crisis interna -con riesgo de enfrentamiento civil- provocada por la lucha anticolonial de Argelia.

[18] Joaquín Prieto y José Luis Barbería: El enigma del Elefante, Madrid, El País/Aguilar, 1991, p. 174.

[19] Heraldo de Aragón, especial Diez años después, 23 de febrero de 1991.

[20] Carlos Zayas, que fue diputado por Teruel en 1977, señala como informantes, entre otros, a Joan Raventós, José Federico de Carvajal y Mariano Rubio, todos con destinos brillantes en los gobiernos de Felipe González, «al tiempo que desvelaba como principal agente del Partido Comunista en Madrid a Federico Sánchez.»  (Joan Garcés: Soberanos e intervenidos, Madrid, Siglo XXI, 1996, p. 161). Federico Sánchez era el nombre de guerra de Jorge Semprún, más tarde ministro de Cultura socialista.

[21] Alfredo Grimaldos: La CIA en España, Barcelona, Debate, 2006, p. 24.

[22] Nicolás Sartorius y Alberto Sabio: El final de la dictadura, Madrid, Temas de hoy, 2007, p. 27.

[23] Se refiere a la célebre comida en casa del alcalde Ciurana, el 22 de octubre de 1980, (El País, 24 de febrero de1996).

También da otros detalles Javier Fernández López en: El rey y otros militares, p. 159.

[24] José Luis Morales y Juan Celada: La alternativa militar, Madrid, Revolución, 1981, p. 125.

[25] Joaquín Prieto y José Luis Barbería: El enigma del Elefante, Madrid, El País/Aguilar, 1991, p. 87 a 93.

[26] Pablo Castellano: Yo sí me acuerdo, Madrid, Temas de Hoy, 1994, p. 343.

[27] Joaquín Prieto y José Luis Barbería, ob. cit., p. 93.

[28] José María García Escudero: Mis siete vidas. De las Brigadas anarquistas a juez del 23-F, Barcelona, Planeta, p. 50.

[29] Joaquín Prieto y José Luis Barbería: ob. cit., p. 185 y 186.

[30] Joaquín Prieto y José Luis Barbería: ob. cit., p.187.

[31] El 12 de noviembre de 1976, con los sindicatos todavía ilegales, la Coordinadora de Organizaciones Sindicales (compuesta por CCOO, UGT y USO) -proyecto efímero de acción unitaria exigido desde abajo, pero que despertó más desgana que convencimiento en la cúspide de sus protagonistas- convocó la primera huelga general. Y acabé en Torrero con un camarada también detenido del día, Miguel Ángel García Andrés, en ese tiempo miembro destacado de la Asamblea de Parados -hoy profesor de Lengua y Literatura de Secundaria en Pamplona- y que, ahí, unidos tras los barrotes dejábamos en nada lo que nos restaba por compartir. Para aquella España represiva y cargada de incertidumbres haber salido de la cárcel era un riesgo de peligrosidad que merecía esa prevención.

[32] En el lenguaje de la calle, la Policía Armada recibió el nombre de grises, porque gris era el color de su vestimenta; del mismo modo que, luego, en la Transición, al cambiar el uniforme a marrón serían maderos.

[33] Las primeras elecciones municipales fueron el 3 de abril de 1979: el PSOE 11 concejales, cuatro el PCE (encabezado por un independiente, el catedrático Gonzalo Borrás) y dos el PTA que, en alianza, dan la alcaldía a Sainz de Varanda. El 19 de noviembre de 1979 se aprobó una concesión de 110 licencias en el servicio del taxi mediante entregas escalonadas de 35 hasta 1983. Porque el número de coches se consideraba insuficiente y no eran pocos los propietarios con tres, cuatro -hasta diez se llegó a escribir en los papeles de la época- o más permisos que explotaban por medio de asalariados, en número que bien podrían rondar la mitad de la plantilla total, en turnos de 12 horas. La asociación del gremio recurrió el acuerdo y la Audiencia Provincial sentenció a su favor, aunque en esa fecha el Consistorio tenía la apelación en el Supremo.

[34] Los firmantes: Pascual Aguelo, Javier Checa, Paco Polo, Ignacio Gimeno (entonces concejal), Adolfo Fueltelsaz, Almudena Borderías, Fernando Arregui, Nieves Pisa, Marisa Torralba, Mariano Julve y Gloria Labarta. Su juicio se celebró en octubre de 1983 y aunque el fallo distó mucho de las peticiones fiscales, fueron condenados como autores de una falta contra el orden público.

[35] Luego, Ricardo sería absuelto en esta causa por falta de pruebas. Pero cinco meses más tarde lo volverían a encerrar por uno de los episodios más infames, tramposos y de grosera manipulación informativa que se han urdido en la ciudad: el montaje que preparó la sección especial de la policía local, la Unidad de Vigilancia Especial (UVE), de infausta memoria, contra la verbena que organizó el Frente Feminista en el antiguo Cuartel de Palafox.

[36] Nadie que hubiese tratado a Pepe Cebrián o tan sólo mirase su cara podría conjeturar el menor asomo de malos modos o dureza en su comportamiento, por su natural afable y tranquilo. Sin embargo, hubo de sufrir el protagonismo involuntario de que le aplicaran, por primera vez en Aragón, la ley antiterrorista. Siendo edil y por opinar en el ejercicio de su cargo. Esa postura suya era la habitual en el conjunto de organizaciones territoriales que formaban el MC. Cierto, recelábamos de las condenas generales, habitualmente cargadas de unilateralidad que única, o principalmente, repudiaban la sangría y estragos en función de la procedencia de los atentados. Sin duda, pecamos de rigidez, rozamos -o casi- una pretenciosa e injusta equidistancia y, en ocasiones, si no hubo menosprecio al padecimiento de las víctimas pudo parecerlo. Al hilo, he rescatado, de entre los viejos papeles, un comunicado fechado el 9 de noviembre de 1978 en el que censurábamos los planteamientos de una manifestación contra el terrorismo que había convocado casi toda la izquierda: PSOE, PCE, PTA, ORT, PCA, UGT, CCOO, USO, CSUT y SU. En el primer párrafo afirmábamos: «Nuestro partido no vacila en rechazar y criticar con toda firmeza las acciones de ETA y los métodos que esta organización emplea», pero nuestra crítica a aquellas proclamas y adhesiones -en ocasiones, con verdadero fervor- quería señalar la lenidad o ceguera con que se trataba la violencia ultra o de las Fuerzas de Orden Público y que, al dejarla en segundo plano u olvidada, cobraba legitimidad, eximia a sus autores de responsabilidad y, en suma, favorecía que la fuerte represión de aquellos años tuviera menos detractores.

[37] El País, 25 de febrero de 1981.

Y en la misma línea apostilla Gregorio Morán: «…el 23-f le saca las costuras a la Transición. La ausencia de protagonismo de la sociedad, el lado negativo del sosiego público y el cercenamiento de las presiones sociales». (El precio de la transición, Barcelona, Planeta, 1991, p. 161). También, Joaquín Navarro Esteban: «El 23-F reveló la absoluta pasividad del pueblo, […] el pueblo español había pasado de la ilusión colectiva […] a la postración, el desinterés y la inhibición». (25 años sin Constitución, Madrid, Foca, 2003, p. 117).

[38] José Luis Morales y Juan Celada: La alternativa militar, Madrid, Revolución, 1981, p. 6.

[39] Eloy Fernández Clemente, «Aragón. El renacer de un viejo reino». En: José María Jover Zamora (dir.), Historia de España Menéndez Pidal, t. XLIII-1, Madrid, Espasa Calpe, 2007, p. 149.

[40] Genoveva Crespo en Heraldo de Aragón, especial Diez años después, 23 de febrero de 1991.

[41] José Luis Gutiérrez, Operación Diana. En: Colectivo Democracia: Los ejércitos… más allá del golpe, Barcelona, Planeta, 1981

[42] Eloy Fernández Clemente, ob. cit., p. 151.

[43] José Luis Gutiérrez: ob. cit.

[44] La UMD fue una organización clandestina de militares antifranquistas descabezada en 1975 y cuyos cuadros dirigentes acabaron encarcelados y expulsados de las Fuerzas Armadas. Expresamente se les excluyó de la amnistía de 1977 y tampoco la democracia se ha atrevido a reparar el daño que se les causó.

[45] Javier Fernández López: El rey y otros militares, Madrid, Trotta, 1998, p. 194, 231 y 232.

[46] José Enrique Alonso del Barrio: La Transición y el 23-F en Aragón. Visión imparcial de un Guardia Civil, Zaragoza, Delsan, 2006, p. 301 y 302.

[47] El hoy general presentó su libro en el Corte Inglés en noviembre de 2006. Y, quizá, por el tiempo transcurrido sus datos han podido sufrir algún trasiego. Seguro que algunos concejales buscaron refugio fuera de Zaragoza, pero no ese día que a todos nos pilló de improviso, sino el 25 de mayo, día señalado para otra intentona. Algo parecido le ocurre cuando remarca el papel de los cantautores como «animadores» en los mítines: «Carbonell, Serrat y Lluis Llach por los catalanes», dice en la página 105 del libro citado en la nota 43. (José Enrique Alonso del Barrio, ob. cit., p. 278).

[48] Genoveva Crespo en Heraldo de Aragón, ob. cit.

[49] Javier Ortega: Los años de la ilusión. Protagonistas de la transición. Zaragoza, 1973-1983, Zaragoza, Mira, 1999, p. 272.

[50] Heraldo de Aragón, especial Diez años después, 23 de febrero de 1991.

[51] Con los compañeros de trabajo a los que habíamos podido confiar nuestras andanzas hubo complicidad y  facilidades. Pilar y yo fuimos a casa de una amiga suya del mismo taller del textil, Tere Mainar, que junto a su marido Carmelo Larriba vivían en Las Fuentes, en Eugenia Bueso, 10. A Manolo Martín, miembro del comité de empresa de Vitrex, entonces en huelga, le dejaron una buhardilla en el Casco Viejo, que un grupo de la empresa tenía para uso festivo. Ante el giro de la situación, acudieron al día siguiente a la fábrica para desconvocar el paro y se encontró con que su secreto era conocido por buena parte de la asamblea. Juan Subías, secretario del comité obrero del MCA, el 25 de mayo -fecha en la que volvimos a escondernos ante el rumor de una nueva intentona- fue a parar por casualidad al mismo piso que Nieves Pina, secretaria de la federación local de CNT, se emparejaron entonces y hasta hoy.

[52] Cosas veredes de la delicada circunstancia: las instituciones esta vez hincharon las cifras de los propios organizadores. Tres ejemplos. 1) Alonso del Barrio: «Los servicios de información de la guardia civil la cuantificó en ciento setenta mil, por debajo de la evaluación de la policía municipal y por encima de la calculada por el Cuerpo Superior de Policía», (La Transición y el 23-F en Aragón. Visión imparcial de un Guardia Civil, Zaragoza, Delsan, 2006, p. 309); 2) CCOO en «alrededor de 80.000» en acta de la Ejecutiva Regional, 13.III.1981; y 3) Eloy Fernández Clemente, seguramente con más realismo, 60.000: «La Transición en Aragón». En: José María Jover Zamora (dir.), Historia de España Menéndez Pidal, t. XLIII-1, Madrid, Espasa Calpe, 2007.

[53] Las consideraciones a las que se echaba mano incluían hasta nuevas funciones para las FOP, como la seleccionada en esta perla: «En el transcurso de la manifestación y ante un intento de las Fuerzas de Orden Público por separar los dos bloques de manifestantes, se produjo un asalto, con participación activa de los tres expedientados, del segundo bloque sobre la manifestación autorizada y legal…con agresiones verbales y físicas.» Era el 13 de marzo, el 24 de abril lo ratifica el Consejo Regional y el 5 de mayo la Comisión de Garantías estimó en parte nuestro recurso y rebajó la sanción a tres meses «porque el órgano sancionador…al imponer una sanción no tipificada, se ha extralimitado en sus funciones». (Acta de la Ejecutiva Regional de 13 de marzo de 1981).

[54]El periodista Miguel Ángel Mellado nos remite a las memorias del general Armada que «no verán la luz hasta cinco años después de su muerte y la de su esposa», que a lo mejor aclaran algo (El Mundo, 22 de febrero de 2001).

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